Introducción
El Perú es un país que cuenta con una gran cantidad de ecosistemas que, en los últimos años, se han encontrado en estado crítico debido a la sobreexplotación de sus materias primas. Ahora bien, de forma paralela y frente a esta problemática, el activismo medioambiental y la lucha por la protección de estos espacios ha ido también creciendo en el país; generando así que la sociedad peruana tome conciencia sobre el cuidado de los ecosistemas. Pese a dichas acciones, existen múltiples factores que agravan los perjuicios medioambientales, siendo uno de ellos la publicación de la Ley No. 31973.
La Ley No. 31973 conocida como la “Ley Antiforestal” fue publicada el 11 de enero del año 2024. A través de dicha Ley, se modifican los artículos 29 y 33 de la Ley No. 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y se aprueba Disposiciones Complementarias orientadas a promover la zonificación forestal, con la finalidad de promover el desarrollo del proceso de zonificación forestal en las diferentes regiones del país. Si bien la Ley en mención establece expresamente como objetivo promover la zonificación forestal, ello no resulta correcto, en tanto la norma, por el contrario, crea una situación de desregulación forestal, promoviendo la explotación y deforestación de los ecosistemas.
A pesar de que persiste la posición de que estos espacios deben ser explotados para fomentar el desarrollo económico a nivel nacional, es necesario considerar medidas alternativas que fomenten un desarrollo sostenible, los cuales valoricen la conservación de nuestro ecosistema. En el Perú, un país que basa su riqueza en la explotación de materias primas, se tiene que considerar la importancia de preservar los ecosistemas que las proveen, ya que permiten un desarrollo óptimo por parte de sus habitantes. Como seres humanos, transformamos nuestro ecosistema para nuestra supervivencia (y éste nos transforma a nosotros). El reconocer la interdependencia entre el ser humano y el medio ambiente posee una gran importancia, debido a que permite desarrollar una economía sostenible que prioriza la preservación de nuestros ecosistemas.
En respuesta a esta ley, se produjeron manifestaciones contrarias a su aprobación y aplicación. Estos grupos defensores ambientales, que han surgido en diversas regiones del Perú, reclaman la derogación de la Ley 31973 debido a las graves vulneraciones que esta implica para los ecosistemas y los derechos de las comunidades locales. Estas movilizaciones, lideradas por comunidades nativas, activistas ecológicos, agricultores y otros grupos afectados, evidencia la resistencia y la determinación de la sociedad civil en la defensa de sus derechos y del medioambiente. Al observar esta situación, surge la siguiente problemática: la situación de estos defensores respecto a la imposición de esta medida legal.
Es por eso que en el presente artículo se realizará una reflexión sobre los efectos que se producirían en la situación de los defensores ambientales con la aprobación y aplicación de la ley 31973. En primer lugar, se analizará sobre las nuevas imposiciones de esta ley y los peligros hacia nuestros ecosistemas y nuestra sociedad. En segundo lugar, se expondrá el estado de vulneración y el estado de riesgo continuo que se verán arraigadas por la aplicación de la reciente ley Antiforestal, haciendo un énfasis en el accionar estatal respecto al caso.
Medidas impuestas por la Ley 31973: Agravamiento del riesgo en la defensa ambiental
Como se mencionó anteriormente, el principal efecto que se reconoce en la aplicación de esta ley es la eliminación de varias medidas y regulaciones sobre el uso y explotación de recursos de estos ecosistemas. Las últimas acciones del Estado peruano han demostrado la disminución (o la casi nula) de importancia sobre los ecosistemas que existen en nuestro país. Si bien la constitución política vigente procura la conservación medioambiental, la ley 31973 viola los artículos 67, 68 y 69 que dictan un uso sostenible de recursos naturales (FOVIDA, 2024). Si tomamos en cuenta los daños no penalizados por las empresas extractivas hacia nuestro medio ambiente, la ley 31973 conduciría a un aumento drástico de estos, e inclusive librando desde un inicio de cualquier cargo contra nuestro ecosistema.
Ahora, además de este efecto principal, es necesario mencionar dos efectos adicionales, que afectan principalmente al accionar de los defensores ambientales. Las respuestas de los grupos contrarios a la deforestación se han caracterizado por un intento de trabajo constante y gradual. Si bien su accionar ha ido en aumento y conseguido reconocimiento en ciertos casos, ésta se encontrará reducida por las otras dos siguientes medidas que abarca esta ley: La detención del proceso de titulación y, por ende, al no llamado a la consulta y defensa de los territorios.
A pesar de que el Estado, siguiendo lo que dicta, intenta una gestión integral manteniendo un desarrollo económico sostenible, sus medidas que priorizan la sobreexplotación de este ecosistema invisibiliza los intereses de, por ejemplo, las comunidades indígenas que pone en riesgo su vida debido a las actividades ilegales que se realizan en dichos espacios. Con esto se observa el deliberado accionar del Estado peruano que atienden a las necesidades de grupos de poder económico, haciendo caso omiso por parte de los intereses colectivos.
De esta manera, el rol de los defensores ambientales se ve reducido por el creciente apoyo del Estado hacia la sobreexplotación de los ecosistemas. Si bien este punto resulta crucial, es necesario reconocer la constante falta de atención que se le otorga a la protección de los ecosistemas por parte de la sociedad. Si bien el activismo ha ido creciendo en las últimas décadas, los daños al medio ambiente siguen siendo invisibilizados por gran parte de la sociedad. Sin embargo, la desvalorización que otorga la ley 31973 a estos ecosistemas ha ocasionado un llamado masivo a la protesta. Gracias a diversos medios de comunicación globalizadores, la protesta contra esta ley ha sido conocida por gran parte de la sociedad. La magnitud de las implicancias que acarrea esta ley produjo un llamado masivo, lo cual se puede observar en las marchas nacionales que se realizaron a inicios de este mes.
A pesar de este hecho que incrementa gradualmente el accionar a favor del medioambiente, las condiciones de los defensores ambientales continúan amenazadas debido a acciones ilegales hacia sus vidas. De acuerdo con Hincapié, la búsqueda de alternativas al extractivismo puede exponer a los defensores ambientales a amenazas y violencia (2019, p. 50). Asesinatos, desapariciones o nulo reconocimiento legal por parte del Estado son algunos ejemplos de las acciones que se cometen contra estos grupos sociales.
Esto, como se mencionó anteriormente, se debe a la ausencia del Estado peruano en gran parte de estos ecosistemas. Como menciona Borras, la falta del accionar estatal para validar y proteger los derechos humanos en estos espacios hace que los defensores ambientales permanezcan con nula seguridad por su vida (2013, p. 293).
Conclusiones
En conclusión, el riesgo de la defensa ambiental permite poner en cuestión la capacidad estatal que se ha estado aplicando en los últimos años. A pesar de los avances que se han ido reconociendo, la falta de conocimiento y apoyo del Estado y la sociedad peruana hacen que el accionar de los defensores ambientales continúe en riesgo. El cuestionar las instituciones que se han construido (y que se seguirán construyendo) resulta esencial para entender las problemáticas y encontrar soluciones que aseguren los derechos no solo de los defensores sino en los demás grupos sociales que priorizan estos ecosistemas (comunidades indígenas, agricultores, etc.).
Remarcar que la situación de los defensores acorde a la aprobación de ley 31973, conduciría a reconocer el interés del Estado peruano en promover una economía extractivista deliberada, haciendo caso omiso a los daños ambientales. Por todo esto, el cuestionar las implicancias que provocaría la aplicación de esta ley al estado de riesgo de los defensores ambientales posee gran importancia para reconocer la escasa importancia que se le da a ellos y a los ecosistemas boscosos.
Referencias bibliográficas:
- Borras, S. (2013). El derecho a defender el medio ambiente: la protección de los defensores y defensoras ambientales. Derecho PUCP, pp. 291-324. https://www.redalyc.org/pdf/5336/533656139016.pdf
- FOVIDA. (6 de marzo de 2024). ¿Por qué la ciudadanía marcha en contra de la “Ley Antiforestal”?. https://fovida.org.pe/por-que-la-ciudadania-marcha-en-contra-de-la-ley-antiforestal/
- Hincapié, S. (2019). crímenes ambientales, crímenes contra la humanidad. Derechos humanos en el extractivismo latinoamericano. Derechos humanos y conflictos por la justicia en américa latina. https://www.academia.edu/download/64493977/2019_Derechos%20Humanos%20y%20Conflictos%20por%20la%20Justicia%20en%20AL_Lib